La asignación

por Miguel Espinaco

Unos días atrás había aparecido la reforma política que parecía llamada a ser la vedette del clásico oficialismo/oposición, pero no.  La sorpresa se llamó “asignación universal por hijo para protección social” y su anuncio amontonó polémicas que ganaron rápidamente el primer plano.

La pobreza había vuelto ya a ser título, de la mano de algunas declaraciones de la iglesia y de la insistencia opositora, que había descubierto que no podía defender sólo los intereses camperos si quería aparecer como representante del conjunto social.  La idea de algún ingreso universal que paliara por lo menos las situaciones de más insoportable indigencia había vuelto también a ser debate, recuperada especialmente por algunos sectores progresistas que, a caballo de la crisis mundial, redescubren que ni siquiera con viento de cola el capitalismo logra erradicar la pobreza y el reparto escandalosamente desigual de los bienes y de los males.

En esta nota enfocaremos un par de cuestiones alrededor de la medida: una, la que tiene que ver con su universalidad o no y otra que refiere al tema financiación. Para el final, dejamos un par de discusiones política ideológicas que, espero, sirvan para pensar algunas cuestiones más generales, a partir de este debate.

Las excepciones son la regla

Por cierto que no conviene guiarse por las declaraciones ni de los defensores ni de los detractores. El decreto 1602/09 puede encontrarse en varios sitios en la red y alcanza con pegarle una leída para descubrir los límites de la universalidad que proclama el gobierno.

El artículo 1 del decreto, arranca incorporando un nuevo ítem al régimen de asignaciones familiares, agregándole un nuevo inciso al artículo 1 de la ley 24714 que las establece.  El nuevo inciso es el c) y crea “un subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal."

Como se ve, la primer parte del agregado apunta a una definición universal del tipo, “todo el que no cobra otra asignación, cobra esta”, sin embargo, enseguida se pone el primer límite, cuando se acota el pago a menores pertenecientes a grupos familiares desocupados o empleados en negro.

El artículo 2 del decreto, avanza todavía más en las restricciones que limitan la supuesta universalidad: "quedan excluidos del beneficio previsto en el artículo 1º inciso c) de la presente los trabajadores que se desempeñen en la economía informal, percibiendo una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil."

Realmente no se entiende mucho el por qué de esta restricción y es muy posible que raramente pueda llegar a aplicarse, al no poder probarse de ningún modo de cuánto es realmente un sueldo en negro.  Sin embargo, suma obstáculos, cuyo mayor inconveniente es que fuerza a quienes quieran cobrar la asignación a depender de un gestor o de un puntero, para que lo incluya mediante declaraciones juradas o lo que sea, en ese universo ya definitivamente restringido por la normativa.

Un problema secundario, pero que vale señalar al pasar, es que la ley modificada - la del régimen de asignaciones familiares -  exceptúa, no incluye en su marco, a los trabajadores del servicio doméstico.  Es de esperar que esto se subsanará en la reglamentación y ya extraoficialmente, funcionarios del Anses salieron a decir que la cuestión sería corregida.

Otro límite es el que establece la obligatoriedad de acreditar los controles sanitarios hasta los cuatro años de edad inclusive y la concurrencia a la escuela pública hasta los dieciocho.  Estoy seguro de que esta restricción conseguirá más defensores, pero a mí no me convencen de que esta especie de paternidad del estado sea correcta.  A los trabajadores formales no les piden este requisito para pagarle la asignación, de modo que no entiendo bien por qué, un pobre tiene que bancarse esta tutela de la burocracia estatal.

Y otro límite más: “esta prestación se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe equivalente a cinco (5) menores.” dice el artículo 5, y nunca se preocupa por explicar por qué, del sexto hijo en adelante ya no merecen ser incluidos en la protección integral que los autores de la medida pregonan.

Pero hay otra limitación a la universalización que es mucho más seria que todas las anteriormente mencionadas:  “la percepción de las prestaciones previstas en el presente decreto – dice el artículo 9 - resultan incompatibles con el cobro de cualquier suma originada en Prestaciones Contributivas o No Contributivas Nacionales, Provinciales, Municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” O sea: si vos cobrás un plan, no cobrás esto.  Aunque mejor habría que decir: si querés cobrar esto, renunciá al plan.

Este aspecto es tan importante, que el Anses ya está previendo los mecanismos automáticos para llevarlo adelante. Adela Esparza, titular del Anses entrerriano, señaló que los beneficiarios de los planes sociales no deben realizar ningún tipo de trámite “sus datos ya están cargados en las bases, y directamente pasan a cobrar la asignación universal, que reemplazará el anterior plan, en el mismo lugar que lo hacen actualmente”, dijo, y por las dudas aclara que “lógicamente es más dinero que lo que cobraban ahora” (Análisis digital).

El asunto no es para nada menor. Visto desde la economía doméstica de quien hoy cobra un plan – que le funciona como un paupérrimo seguro de desempleo – el impacto de la asignación no será tan grande como nos quieren hacer creer, no es que ahora cobrará su pobre sueldo de pobre más la asignación familiar:  será la asignación solita y sola.

Visto desde la macroeconomía, podríamos estar en la antesala de una gigantesca maniobra contable que liberaría fondos de Rentas Generales para pagar deuda pública, ya que muchos renunciarán a sus planes que se financian con impuestos y así se incrementará mágicamente el superávit primario, un camino indirecto, disimulado, rebuscado, vergonzante, para liberar fondos del Anses para el pago de deuda externa.

La redistribución de la pobreza

El tema de la financiación ha sido por estos días, un poco más transparentado.  El Ministro de Economía decidió dejar ya de esconder de dónde sale la plata, aunque todavía defiende esa decisión como si fuera la más razonable: “Anses administra un conjunto de recursos que sirven para pagar jubilaciones, pensiones, seguro por desempleo y asignaciones familiares” insiste, pero se hace el distraído con el hecho de que el mismo “conjunto de recursos” bancará ahora un paquete de 10.000 millones sin haber crecido ni un poquito.

El artículo 3 del Decreto deja en claro esta cuestión cuando explica que la creada Asignación Universal por Hijo para Protección Social se pagará con los recursos “establecidos en el artículo 18 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias”.  Basta revisar entonces el citado artículo 18, para descubrir que es el que lista de dónde sale la plata para “las prestaciones correspondientes al régimen de reparto”.  O sea, mete la mano en la misma bolsa de la que salen las jubilaciones.

Nada cambia si decimos que también considera “los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”, ya que en todo caso esos rendimientos constituyen el mantenimiento de valor de ese supuesto fondo de garantía de sustentabilidad, así que a todos los efectos, se trata de la misma plata que se usa para el reparto del régimen de reparto.

Boudou niega ante cada micrófono que se le pone adelante que se esté usando “plata de los jubilados”, sin embargo es lícito pensar que si el sistema de reparto post estafa de las AFJP deja 10.000 millones para libre disponibilidad, esos 10.000 millones podrían haber ido a engrosar las desinfladas – y hasta cuestionadas judicialmente – jubilaciones argentinas.

En todo caso, y más allá de la opinión que se tenga de esta medida, esto deja claro lo poco acertado que sería hablar aquí de redistribución del ingreso, porque cuando uno dice eso habla de redistribuir riquezas, de compensar de ricos a pobres, y no de esta mezcla de barajas, que se parece más a una redistribución de la pobreza.

"Cuando se toma una decisión económica hay que tener en cuenta muchas cosas. Argentina, al igual que muchos países del mundo, está saliendo de la crisis con esfuerzo. Crear nuevos impuestos ahora atentaría contra esa meta” dijo Amado Boudou, que sabe bien qué bolsillos le están vedados a los gobiernos que defienden el capitalismo.

El progresismo que atrasa

Dijimos que dejábamos para el final un par de discusiones política ideológicas y ahí van.

La primera reflexión que me parece cabe, refiere a los reflejos del kirchnerismo, que hacen que rápidamente absorba, de vuelta y vuelva útil a sus propias necesidades, todo lo que anda girando por ahí.

Podría derivarse de esto que - a pesar de su pérdida de apoyo en la base social, iniciada en el conflicto con el campo el año pasado y confirmada por la pérdida de votos en las últimas elecciones - sigue siendo el grupo político con más iniciativa, o bien que sus opositores son lo bastante inútiles como para ser desplazados constantemente del centro del escenario.

Sin embargo, y a pesar de lo que pueda pesar esta explicación, me parece que sería correcto inferir que lo que en realidad pasa es que no hay demasiados caminos para los defensores del capitalismo, que se ladran y que se muerden en el marco de que todos apuntan más o menos para el mismo lado y obedecen un recetario sin demasiadas variantes: corsé para los salarios y jubilaciones, despidos más o menos controlados y colchón social para que la indigencia no se vuelva un problema que altere la sacrosanta gobernabilidad.  Es por eso que mientras esto pasa, el kirchnerismo se recibe de campeón de los mercados abriéndole la puerta a los hold outs que habían jurado que nunca, y entornándosela al Fondo Monetario para conseguir licencia de país serio.

El otro tema refiere a la matriz ideológica en la que se enmarca la corriente política que se ha dado en llamar kirchnerismo.  Uno de los considerandos del Decreto, dice en negro sobre blanco, lo que la presidente dijo en la presentación de la medida en sociedad.  Después de aclarar que la medida no terminará con la pobreza, pero que constituye una reparación para los que sufrieron el castigo del neoliberalismo, escribe literalmente la siguiente declaración:   “que la clave para una solución estructural del tema de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de trabajo. El trabajo decente sigue siendo el elemento cohesionante de la familia y de la sociedad, que permite el desarrollo de la persona.”

Está claro que esta construcción ideológica imagina un paradigma que ya no existe, está claro que sueñan un sueño que quizás fuera lícito en las postguerra que en la Argentina fue el primer peronismo, pero no ahora.  Está claro que este supuesto progresismo atrasa, que ve el futuro en el pasado, y para colmo, en un pasado que en verdad es casi mítico.

Ya ha sido probado hasta el cansancio – y nosotros lo hemos hecho en una nota titulada Regla de Tres - que el crecimiento económico no alcanza para lograr el pleno empleo: la reciente ola postdevaluatoria de mejora del PBI, que sumó años consecutivos de crecimientos a tasas chinas, sirvió como prueba empírica de este hecho indiscutible.

Es difícil imaginar en el capitalismo una salida a la pobreza, que es como su inevitable daño colateral.  Por lo pronto, los planes y las asignaciones son imprescindibles, por lo menos para minimizar los síntomas, aunque la lucha debería dirigirse a un seguro de desempleo verdaderamente universal, que alcance a cubrir una canasta familiar.

Y respecto al “trabajo decente” (1), digamos que no habrá para todos si no se reducen las horas de trabajo, si no se reparte el trabajo que hay entre todos los trabajadores disponibles, aunque eso, claro, significaría aumentar el salario global y ciertamente, no parece una medida que se le vaya a ocurrir a un gobierno que defiende el capitalismo.

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