El fin de una impunidad

por Miguel Espinaco

Finalmente, con una mayoría formada por siete de sus nueve jueces, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y de punto final. Ambas leyes habían funcionado como una amnistía para los crímenes cometidos durante la dictadura militar, por los que se hicieron con el poder para aplicar el plan Martínez de Hoz y para empezar a adecuar de ese modo a la Argentina a los nuevos roles que le asignaba la crisis del capitalismo.

El fin de los "treinta años dorados" capitalistas de la post guerra, que habían parido el estado benefactor a nivel mundial - el estado protector que en la Argentina fue identificado con el peronismo - era así aniquilado con sangre y con campos de concentración. La represión, que fue dirigida desde los escritorios de Washington y coordinada entre todos los países de la región a través del llamado Plan Cóndor, no fue - como insisten los que todavía pretenden realizar su apología - una respuesta bélica a una supuesta agresión, también militar, de una guerrilla que en 1976 estaba ciertamente en medio de un profundo proceso de desarticulación, sino que se trató de un plan sistemático de agresión contra los pueblos de la región que defendían su nivel de vida, que enfrentaban como podían los nuevos paradigmas que instalaba el capital, hundiendo salarios y plantando las semillas de la desocupación creciente que nos dejaron este hoy de derechos arrasados, de desocupados a granel y de salarios por el piso.

¿El fin de la impunidad?

No están claros los efectos jurídicos que acarreará la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía. Algunos hablan de un millar de procesados y otros más cautelosos, dicen que ese número alcanzará a 400 y que ya - por el implacable paso del tiempo - apenas una veintena resultarían militares en actividad. Más allá de estos números que nadie es capaz de confirmar con exactitud, lo cierto es que el peso simbólico del fin de esas leyes vergonzosas es bien importante.

No es - como insiste el Presidente Kirchner - el fin de la impunidad, porque todavía quedan demasiadas. En Santa Fe, sin ir más lejos, los responsables políticos de las muertes de 2001 y de la inundación santafesina, siguen subiéndose a los palcos con el mismísimo presidente - hablo de Reutemann, obviamente - y los presos por protestar siguen existiendo en el país, y Menem sigue apareciendo en los programas de la tele como si no tuviera la culpa de nada, y Duhalde sigue siendo un muerto vivo en el mundillo de la política como si no tuviera las manos manchadas de sangre de piqueteros y los muchachos de la banelco y De la Rua que miraba por el balcón como se mataba gente, y siguen las firmas.

No es realmente el fin de la impunidad, digamos que se trata del fin de una impunidad.

Operación relativizar

La declaración de inconstitucionalidad de las leyes ha sido un triunfo histórico que ha demandado largas luchas y a partir de ahora serán muchos los que intentarán relativizarlo, reflotando la vieja teoría de los dos demonios. Ya el ex comisario Luis Patti, experto en este tipo de discursos mentirosos y confusionistas, consideró que "esta determinación de la Corte Suprema debería autorizar a todos aquellos familiares de las víctimas de grupos subversivos a pedir el correspondiente castigo a los victimarios".

El radical Jaunarena, por su parte, opinó que "también es lógico que se recuerde que hay protagonistas que incluso hoy ocupan cargos destacados en el Estado o son periodistas que en su momento causaron terribles violaciones de los derechos humanos como partícipes de Montoneros o ERP. Tengo la impresión de que en este momento se está mirando la realidad de manera hemipléjica".

Las declaraciones de estos personajes resultarían marginales, si no fuera por la insistencia del jefe del Ejército Bendini y del ministro de Kirchner, Pampuro, por impulsar la inconstitucionalidad de los indultos. Obviamente, la derogación de ese otro vergonzoso perdón otorgado por Menem sería una buena noticia, pero no deja de llamar la atención la insistencia de los responsables de las Fuerzas Armadas sobre este tema.

Es cierto que ellos alegan que sus subordinados están enojados porque la plana mayor quedaría a salvo con los indultos, mientras que los responsables de segunda línea quedarían expuestos a la justicia ahora que no corren más las leyes, pero ¿no habrá acá también un intento de que aparezca el nombre de Firmenich o de algún otro jefe guerrillero, para equilibrar la balanza y para volver a desequilibrar la historia?

La sospecha no es caprichosa. La Nación ha publicado en estos días la opinión de Robert Potash - a quien sindican como el más respetado experto extranjero en la historia político militar de la Argentina - que afirma que "evolucionó" y que ahora acepta "como hecho irreversible" que ambas leyes hayan sido anuladas por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el mismo evolucionado historiador sostiene en la misma entrevista que "aún así, falta que se aspire a concretar otra parte de la justicia. Apunto a quienes también mataron, secuestraron o colocaron bombas en los 70 y que sobre la base de un concepto amplio de las violaciones a los derechos humanos también deberían ser sometidos a la Justicia".

El mismo Bendini deja la duda en pie: "yo hablé de los indultos en general", respondió cuando le preguntaron por el alcance de su pedido de anulación.

La violencia y la violencia

Vale la pena, entonces, abrir el paraguas antes que llueva. Es cierto a que las direcciones guerrilleras deberá alcanzarlas el juicio de la historia, que sus acciones sustituistas de las luchas del pueblo merecen el balance y la crítica de los militantes populares. Pero afirmar que pueden compararse los crímenes de la dictadura con las culpas penales que pudieran caberle a los ex guerrilleros es un ex abrupto. Quien intente mezclarlos es - digámoslo - o un mentiroso a sueldo o un idiota útil.

El actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Rosatti, escribe en una columna publicada por La Nación que "en nuestra opinión, sólo podrían declararse inconstitucionales los indultos que recaen sobre crímenes de lesa humanidad, entendiendo por tales aquellos actos de violencia que dañan a los seres humanos en los bienes más esenciales: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud o su dignidad, con carácter masivo o sistemático; actos que afectan a la persona como integrante de la humanidad, contrariando a la concepción humana más elemental y compartida por todos los países civilizados".

Su bien es cierto que su críptico lenguaje leguleyo permite lecturas ambiguas, Rosatti insiste más adelante con que se requerirá la presencia "del carácter masivo o sistemático de las violaciones", con lo que parece trazar una línea divisoria entre el terror masivo y las acciones militares llevadas adelante por la guerrilla.

Sin embargo, sería conveniente hacer algunas comparaciones históricas para aventar cualquier duda. Durante la segunda guerra mundial, el ejército alemán mató a mucha gente en combate y a nadie se le ocurrió juzgar a los que participaron en esos enfrentamientos; los intentaban matar mientras hubo guerra y después sanseacabó, si te he visto no me acuerdo. A nadie se le ocurrió tampoco juzgar a los maquis o a los partisanos, que también mataban para ejercer su legítima defensa contra la ocupación alemana y contra el fascismo. En cambio, los que montaron un plan sistemático con campos de exterminio, son todavía perseguidos. Del mismo modo en Argentina nadie ha juzgado - que yo sepa - a ningún militar que haya matado durante las pocas escaramuzas militares que hubo en la exageradamente llamada guerra antisubversiva. ¿Por qué debería ser juzgada entonces la guerrilla por sus acciones militares?

El juicio inevitable debe ser a la maquinaria de exterminio, al aparato siniestro de torturas, vejámenes y desapariciones, a los que organizaron la muerte desde la fría planificación homicida y así debe ser. Eso no tiene que ver con ninguna guerra - ni siquiera con las situaciones que imponen las particularidades de la marginal guerra de guerrillas que sobrevivía en el 76 - ni con ningún supuesto exceso. Se trata de un puro y simple viaje a la barbarie.

Las guerras son casi siempre inevitables en el mundo de la explotación y no tienen nada que ver con una supuesta maldad esencial del ser humano. Se trata de enfrentamientos entre piratas que disputan mercados, o de guerras civiles declaradas por los explotadores contra los explotados para mantenerlos en caja y disciplinados para poder seguir sacándoles el jugo, o de combinaciones más o menos imprecisas de ambas situaciones. Y las guerras son, claro, terribles: la gente muere, las secuelas quedan mucho tiempo latentes, el sufrimiento es incalculable.

Pero pretender igualar las responsabilidades penales surgidas de hechos militares con las que resultan del terror sistemático organizado con el monopolio de la fuerza desde el Estado armado, equivale al delirio de pretender sentar a San Martín en el banquillo de los acusados porque su ejercito - organizado para subvertir el orden instituido - dejó muchos muertos en sus muchas batallas.

Es obvio que el punto central de la cuestión no es el penal sino el político, la mirada política sobre aquellos hechos. Es por eso que Mariano Grondona no se preocupa por los presos que pudieran resultar finalmente de esta derogación, sino porque se estaría escribiendo "una nueva historia oficial" que omitiría, entre otras cosas "que en los setenta no hubo uno sino dos actores violentos, los subversivos y los militares". Otra vez violencia se intenta igualar a violencia, como si se hablara de lo mismo.

No está de más, entonces, abrir el paraguas antes que llueva, mucho más ahora que en el reverdecido debate sobre los 70, parecen reaparecer discursos como los de Grondona, o como los de Patti que intentan poner en el mismo plano a perseguidores y perseguidos.

O como el de Jaunarena que nos acusa de hemipléjicos para salvar del juicio de la historia a éstos, nuestros nazis del sur del mundo.



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Los ojos de Kirchner

No, no se trata de una vulgar humorada, sino de una evaluación política. El presidente mira con su ojo izquierdo el pasado y festeja el fin de las leyes, y con el ojo derecho mira este presente de impunidad lleno de presos políticos, como es el caso de los dirigentes sindicales recientemente encarcelados en su provincia, Santa Cruz, por reclamar actualizaciones salariales.

"Al compás de sus tejes y manejes, entre los fuegos artificiales de las peleas públicas y la sordidez de los acuerdos entre cuatro paredes, el gobierno de Néstor Kirchner viene cumpliendo un papel central en el sostenimiento de la impunidad para quienes nunca dejaron de ser sus aliados: Duhalde, Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasof, Aníbal Fernández, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Carlos Soria, Oscar Rodríguez y Luis Genoud, entre otros. El mismo presidente que se vanagloria por la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, las leyes de impunidad para los terroristas de Estado de los años 70 y 80, es el que protege a los terroristas de Estado de estos tiempos" dice el documento leído el 26 de junio en Puente Pueyrredón.

No hay que engañarse, la aparente contradicción no es tal: el capitalismo - por más serio que Kirchner lo pretenda - necesita siempre de una mano armada para defender el robo del trabajo ajeno que es su esencia. Y aunque disimule, no es menos armada porque esconda sus vergüenzas detrás de un aparato de justicia que privilegia el derecho a tener, por sobre el derecho a zafar de la pobreza que sigue siendo una realidad cotidiana para media argentina.

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