Los actos del 24

por Luciano Alonso

Hace ya varios años Federico Lorenz estudiaba las luchas por la memoria a propósito del golpe de Estado de 1976 y se preguntaba en el título de su artículo “¿De quién es el 24 de marzo?”. Ese interrogante estaba planteado especialmente en torno a las significaciones disímiles, que arrancaban de los recordatorios organizados por la propia dictadura para luego contraponerles los actos del movimiento por los derechos humanos y de otros agrupamientos vinculados a ellos. Hoy, cuando no hay conmemoraciones públicas que glorifiquen el golpe y los defensores del politicidio tienen que limitarse a hacer pintadas callejeras de manera solapada, a intimidar testigos o cuanto más a hablar bien de las supuestamente sanas épocas del gobierno militar en los medios de comunicación, la pregunta mantiene toda su vigencia.

El movimiento por los derechos humanos logró entre las décadas de 1980 y 1990 la instalación de la fecha como un recordatorio del terror de Estado, inscribiéndola en una serie de acciones tendientes tanto a reclamar justicia sobre lo pasado como a promover las memorias futuras. Nunca hubo dentro de la pluralidad de agentes que participaban del movimiento un solo y monolítico modo de recordación, ni una sola forma de mirar lo pasado y lo futuro. Pero el actor colectivo consiguió apropiarse del 24, llenar las plazas en esos días y tener el control de la organización o al menos el lugar más destacado en las actividades que se realizaran. Eso cambió en los últimos años con la progresiva implicancia del Estado: en 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde promovió la declaración del 24 de marzo como “Día Nacional de La Memoria por la Verdad y la Justicia” y a partir de 2004 la fecha se tornó un hito importante en la construcción del discurso kirchnerista. Cuando Néstor Kirchner impulsó en 2006 la declaración del feriado nacional para la recordación de los crímenes de la dictadura, las políticas estatales nacionales, provinciales y locales ya se imbricaban con los planteos de los organismos de derechos humanos, a veces retomándolos y atendiéndolos, otras modificándolos, ocultándolos o virándolos a nuevos objetos.

Se puede discutir mucho el problema de la asunción parcial por el Estado de los reclamos del movimiento y en ese marco analizar la forma de conmemoración oficial, la pertinencia del feriado nacional y sus implicancias sociales. Pero respecto de los actos del 24 de marzo es evidente que los modos de recordación, los temas y los discursos se separaron progresivamente de la tradición del movimiento social y mutaron en función de esa nueva relación. Si el Estado (y el gobierno) asumió un rol central en la configuración imaginaria del 24, lo mismo hicieron entonces opositores e independientes. Y los organismos de derechos humanos se dividieron a su vez en solidaridades variadas, acordes con las modificaciones de las relaciones de fuerzas y con sus posiciones relativas. La cuestión estalló en Buenos Aires a los treinta años del golpe, cuando la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo mostraron su discrepancia con el documento elaborado para la ocasión por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, defendido especialmente por la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos. A partir de allí habría actos claramente separados. De hecho, la fragmentación de las conmemoraciones es un índice más de que el movimiento de derechos humanos no existe como tal en Argentina desde hace bastante tiempo.

El 24 de marzo pasado se reiteró la división, cruzada por nuevos posicionamientos y por el hecho de que los diversos eventos organizados para ese día no se pensaran como complementarios unos de otros sino como alternativos. En la ciudad de Buenos Aires hubo un acto por la mañana en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, con la presencia central de la presidenta Cristina Fernández. Por la tarde hubo tres actos sucesivos en la Plaza de Mayo. Al inicio el de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas y algunas regionales de H.I.J.O.S., en el que bajo el lema “Por un Bicentenario sin impunidad, Juicio y Castigo Ya” se plantearon críticas al gobierno nacional y a la oposición de derecha, aunque moderadas en el primer caso. Luego vino la concentración del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, integrado por lo que se suele llamar “agrupaciones de derechos humanos disidentes” (MEDH, Asociación de ex detenidos desaparecidos, otros H.I.J.O.S.), más los partidos de izquierda como PO, MST, PTS, Izquierda Socialista y demás, hasta contar unos 300 firmantes. Ahí hubo críticas más fuertes al gobierno nacional, al bonaerense y al porteño y otra vez a la oposición de derecha, más algunos roces con los otros manifestantes y el problema de no contar con un estrado por falta de autorización oficial. Por fin, en tercer término se hizo un acto claramente kirchnerista, con la Asociación Madres línea Bonafini completamente alineada con el gobierno. Si ese paneo de actos puede mostrar una fragmentación del movimiento, también sugiere que el objeto de la conmemoración ha virado de los reclamos respecto a cuestiones relacionadas con la violación pasada de los derechos humanos a la discusión sobre las políticas más generales del gobierno y las alternativas que se le presentan.

En la ciudad de Santa Fe las concentraciones del 24 de marzo cambiaron notoriamente en los dos últimos años, a partir de la presencia oficial en los actos y del apoyo que significaba la atención de sonido, iluminación, pantalla gigante, propaganda y cantantes por el Estado Provincial. En 2008 ya hubo una serie de elementos que señalaban la ritualización de la conmemoración de acuerdo con la lógica estatal (locutores, velas y volantes entregados por agentes públicos, mención de las autoridades presentes) y en 2009 se abrió una discusión al interior de los organismos de derechos humanos respecto de aceptar o no esa presencia oficial, que algunos consideraban un triunfo o una conveniencia y otros una expropiación del acto. Para este año se estableció cierta distancia con los gobiernos provincial y municipal y en rigor hubo distintos actos.

El 24 de marzo de 2010 no hubo una conmemoración “oficial” en Santa Fe y por la mañana el gobernador Binner recordó a las víctimas de la dictadura en el Bosque de la Memoria en Rosario, pero sí se programó un acto para el 25 en un aula de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hubo al menos tres actos sucesivos en diversos puntos del conurbano santafesino. Por la mañana la regional de H.I.J.O.S. realizó uno en el Panteón de la Memoria en el cementerio municipal; sobre el filo del mediodía se desarrolló otro en la plaza central de San José del Rincón, convocado por la Comuna local, y por la tarde se concretó el convocado por la Casa de los Derechos Humanos, que comenzó con la concentración en la Plaza del Soldado para luego marchar hasta la Plaza 25 de Mayo. Los dos primeros fueron en gran medida “actos para la militancia” o cuanto mucho para familiares y allegados; el tercero fue el que recogió la tradicional convocatoria y congregó a un número importante de concurrentes, aunque como los gobiernos provincial y municipal emprendieron la remodelación de la plaza de destino la concentración no pudo hacerse ahí sino que se montó el escenario sobre su esquina noroeste, entre los edificios del Arzobispado y los Tribunales.

Amén de las diferencias en cuanto a recursos, modos y objetivos, los distintos actos mostraron discrepancias muy amplias en lo que se entiende que debe decirse –y quizás entonces, en lo que se cree que debe recordarse–. Los actos de la Capital Federal estuvieron fuertemente marcados por las posiciones respecto del gobierno nacional. Si bien todos confluían en sus críticas a lo que genéricamente se suele llamar “la oposición” en sus formas derechistas (la UCR, el PRO, lo que sea que conduzca Carrió, etcétera), los discursos estuvieron orientados a reclamar, contestar o apoyar al gobierno kirchnerista. El documento más crítico fue sin dudas el del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que se enfocó especialmente en las políticas de derechos humanos de los distintos niveles del Estado (disponible en www.exdesaparecidos.org.ar).

Lo llamativo de los discursos santafesinos fue que los organismos de derechos humanos y las temáticas que tradicionalmente los ocupan fueron más visibles en los actos pequeños que en el masivo encuentro de la tarde y noche. En el Panteón hablaron Madres, ex detenidas e H.I.J.O.S. El discurso de la agrupación convocante se centró en tres cuestiones directamente vinculadas con las políticas de derechos humanos: la recuperación de los cuerpos de las víctimas del terror de Estado, los juicios a los represores y la puja con el Estado provincial por la construcción de memorias sociales –con la especial mención a la negativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia a usar la expresión “terrorismo de Estado” en la placa ubicada en diciembre de 2008 en los muros de la Comisaría 4ta. de Policía de la ciudad–. El acto de Rincón, a pesar de ser convocado por el gobierno comunal, mostró un amplio pluralismo. Hablaron en él representantes de asociaciones vecinales, del socialismo, del peronismo, del Partido SI, otra vez Madres y cerró nuevamente la agrupación H.I.J.O.S. Los aspectos tratados giraron en torno al plan de exterminio dictatorial, a sus fines y a sus consecuencias.

Por el contrario, en el acto de la (esquina de la) plaza 25 de Mayo hubo un único documento de la Casa de los Derechos Humanos, organización que nucleó tanto a organismos como Madres, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Liga Argentina por los Derechos del Hombre como a multitud de asociaciones y partidos. Amén de la lectura de las sentencias de la “Causa Brusa” por un grupo de ex detenidas que dieron su testimonio en la misma y de los momentos habituales en esos actos –las canciones, las intervenciones de los locutores, los nombres de los desaparecidos –, se leyó por partes el texto del documento. Así, los integrantes de Madres, Familiares o MEDH no hablaron a nombre propio o de sus agrupaciones, sino a nombre de la Casa en su conjunto y con un guión preestablecido. Eso en sí no es síntoma de una pérdida de protagonismo de los organismos, pero se transforma en eso cuando los tópicos discursivos se alejan de los problemas que cimentaban la unidad del movimiento. Algunos asistentes interpretaron la situación como un “abandono” de los elementos que los unían, otros como una suerte de “traición” a un día que se cree más universal que particular, otros como la “superación” de la fragmentación en algo mayor. Fuera como fuera, algo cambió respecto de otros momentos aunque pudiera estar presagiado por ejemplos anteriores.

El discurso de ese acto aludió en menos de su cuarta parte a temas vinculados con las políticas de derechos humanos y prontamente pasó a un largo detalle de cuestiones que hacen a la situación latinoamericana, nacional, provincial y local. En ese sentido, una compañera de otra agrupación me decía que podía ser un texto apropiado para un discurso del 29 de abril, del 1º de Mayo, de un acto del Proyecto Sur o del Partido Comunista, pero que no reconocía en él lo que supuestamente era intrínseco a la voz del movimiento social que antes convocaba. Es decir, una serie de análisis y proposiciones –que en algún caso sonó hasta filo kirchnerista con un recuento de logros concretados y vacantes– con el que se puede estar de acuerdo, pero que no guarda ninguna especificidad en términos de discusión sobre problemáticas de derechos humanos. Algunos temas de principal actualidad en la materia no fueron aludidos en momento alguno, como ser:

• la tendencia de los medios de comunicación local –especialmente las radios– a poner en el aire mensajes nostálgicos de la dictadura o –especialmente un diario– a pedir públicamente una amnistía para los criminales de Estado;
• el hondo calado social de la idea de “políticas de mano dura” contra la delincuencia (o al menos contra la delincuencia que no puede pagarse abogados caros) correlativo a la noción de “dejar de hurgar el pasado” respecto de la dictadura;
• la reiterada noción de que los gobiernos constitucionales están marcados por la corrupción, como si el gobierno militar de 1976 hubiera sido impoluto y no hubiera estado constituido por una banda de delincuentes comunes que robaban los bienes de quienes secuestraban y entraban en cuanto negociado había;
• las políticas de protección a testigos (trágicamente puestas en cuestión dos días después con el asesinato aún por esclarecer de Silvia Suppo);
• las políticas de memoria de la represión en el campo educativo, que muchos dan por saldadas y que en rigor están fracasando frente a su ritualización y a su impugnación por los medios de comunicación;
• el claro renacimiento de la “teoría de los dos demonios”;
• las opciones de los distintos niveles del Estado respecto de las cuestiones sobre memoria, verdad y justicia o como quiera llamárselas.

La Casa de los Derechos Humanos prefirió en ese acto suponer que las consideraciones sobre la dictadura eran “por todos conocidas”, como si la memoria no fuera algo por lo cual hay que pelear cotidianamente. En el día en que los organismos de derechos humanos pueden dirigirse a la sociedad esperando más receptividad a sus palabras, se eligió enumerar a razón de una frase para cada una las temáticas más diversas, desde la presidencia de Evo Morales en Bolivia a la inundación local de 2003. En el recuento se repartieron críticas a funcionarios pasados y presentes de la ciudad y la provincia, aunque con una mayor claridad respecto de los anteriores que de los vigentes. Quizás no sea un indicador muy claro, pero mientras los justicialistas eran mencionados con nombre y apellido (por ejemplo los casos de Mercier, Reutemann y Obeid), los socialistas y radicales actualmente en los gobiernos provincial y local eran aludidos sólo por sus cargos (y así, no se nombró a Binner ni a Barletta). Pero en ningún caso las críticas se orientaban a las políticas de derechos humanos de los nombrados, sino que enlazaban con otras cuestiones. Tal vez por ello algunas agrupaciones eligieron no firmar el documento, entre las que se contó la regional de H.I.J.O.S., aunque no disponemos de un balance claro de las ausencias y sus motivos.

Es absolutamente inevitable que el Estado se implique en materias de derechos humanos y también que sus intervenciones no satisfagan completamente a todos los actores vinculados a ese espacio social. El problema no es si el Estado (o las diferentes agencias del Estado) va a tener voz o no respecto de eso, sino si esa voz va a ser la única legítima o la hegemónica. De la misma manera es inevitable que las temáticas relativas a los derechos humanos se interpenetren con las cuestiones más variadas. El problema es si es inevitable que en una conmemoración se hable de cualquier cosa. Como decía el viejo presentador de televisión Pancho Ibáñez: “todo tiene que ver con todo”. Habiendo tantos frentes abiertos en los cuales las políticas de derechos humanos hacen agua y frente a una constante derechización de las memorias sobre el pasado, habría que preguntarse si no vale a veces la pena centrarse en algunas cosas para tratar que queden claras al nivel social más amplio posible.

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