Simplificaciones

por Miguel Espinaco

Casi siempre la política ha sido para los empresarios y sus representantes, una puesta en escena para discutir sobre negocios. Al fin y al cabo, como diría aquel conocido barbudo, el Estado es una junta que administra los negocios comunes de la burguesía y ya se sabe, esos negocios comunes incluyen el enfrentamiento descarnado entre los distintos intereses que se comen los ojos en el mercado. Ocurre que muchas veces, para que algunos ganen más, otros tendrán que ganar menos y viceversa. Así que se pelean.

La ley que el oficialismo llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que los opositores llaman ley K de control de medios, viene a actualizar este debate. Es por eso, que antes que una discusión por distintos puntos de vista respecto a una cuestión de ordenamientos jurídicos, es una sobreactuación de efectos especiales en la que todos ven quién cacarea más fuerte para que su contrincante quede peor parado.

En este rincón, el oficialismo pinta al grupo Clarín como si fuera el cuco, lo emparenta en cada discurso con la dictadura y lo llama monopolio con el dedo acusador, como si Clarín fuera el único monopolio que fue amigo de la dictadura y que aún florece en la economía argentina que el kirchnerismo regentea. Del otro lado, los empresarios mediáticos hablan de atentado contra la libertad de expresión, acusan al gobierno de chavista - lo cual para ellos equivale a un improperio de la peor especie - y convierten sus noticieros en panfletos berretas en el que las noticias se reducen a consignas de propaganda de sus propios intereses mercantiles. ¿Qué no? Pone un rato TN o escuchá un boletín de radio Mitre con atención y a ver si no te da un poco de asquito.

En base a este palo y palo de frases grandilocuentes, se han definido dos construcciones imaginarias alrededor de este asunto y la población se alinea más por simpatías que por comprensión, porque entre tanto ruido, la verdad que mucho no se entiende.

Una de esas construcciones, uno de esos relatos, como diría Cristina Fernández, es el que describen Clarín, Vila, y algunos sorprendentes repetidores de consignas como Ricardo Porta – un conocido cronista deportivo santafesino - que lo he escuchado en la radio diciendo incendios de la ley. Para los defensores de esta simplificación barata, lo que está ocurriendo es que hay un periodismo crítico que quiere ser acallado por un gobierno que quiere silenciar a cualquiera que estorbe sus planes de quedarse con todo el poder.

La construcción opuesta, no menos simplificadora que la primera, nos pretende convencer de que el gobierno progresista está desafiando a la derecha que controla los medios, para lograr que al fin, haya derecho democrático a la comunicación, que todos podamos hablar en igualdad de condiciones y que haya libertad de información.

No me interesa mucho debatir la primer visión, que me parece francamente ridícula. A Mariano Grondona, a Morales Solá, a Luis Majul, a Van der Koy, a Bonelli y a Silvestre, y a los simpáticos conductores de TN, los vemos hasta en la sopa. La verdad es que si pierden un poquito del tiempo de aire que tienen – cosa que por cierto dudo mucho - no seré yo el que derramaré una lágrima por ellos. Me interesa sí, enfocarme en el debate con los que compran lo del gobierno progresista y para eso voy a pasar revista solamente a un par de puntos.

Hecha la ley, hecho el monopolio

Digamos que la lucha contra los monopolios es una lucha de capitalistas contra molinos de viento, que todas las leyes que se han hecho para evitarlos han fracasado sencillamente porque la dinámica del negocio obliga a los comerciantes a integrarse vertical y horizontalmente para mejorar los costos y para competir mejor contra los otros capitalistas. Esta ley, que funciona para los supermercados que, como Coto o Wall Mart, se comen almacenes y empresas proveedoras, funciona también para los multimedios que se comen radios de barrio, cables de pueblo y productoras de contenido. Y así será mientras haya capitalismo.

“Las leyes de regulación de la concentración económica pueden jugar algún tipo de rol para evitarla. Pero si la dinámica del capital es cada vez mayor, una ley podrá retrasar el proceso pero no revertirlo”, explica Juan Kornblihtt en un reportaje publicado por la revista Veintitrés y reproducido por El Argentino punto com y titulado nada casualmente “Los monopolios ganaron con todos los gobiernos”.

En esa misma nota se detallan algunos de los muchos mercados monopólicos existentes: “está Techint en la siderurgia, algunas aceiteras, cerealeras, las telefónicas (…) los terratenientes (…) el caso cementero.” A esta lista podría sumarse la afirmación que hace Edgardo Civit Evans en su artículo “Concentraciones económicas = pobreza y miseria” (La historia paralela) sobre que “entre las dos más importantes cadenas de supermercados, tendrían aproximadamente el 52% del mercadeo alimentario de Argentina”.

Es cierto que el mercado de los medios de difusión pone en juego otras cosas. No sólo en términos culturales – lo cual es obvio - sino también porque desde el punto de vista puramente económico, el monopolio mediático tiene capacidad para incidir en otros mercados, el que monopolice el discurso público tendrá un gran poder de lobby para quedarse también con otros negocios, aunque no tengan nada que ver con la palabra ni con la imagen.

Vale la pena mencionar esta cuestión, porque esto de “terminar con el monopolio”, ha sido parte central de la prédica del gobierno. Prédica engañosa, digamos, porque no ha sido norma de la corriente política que gobierna repudiar los monopolios, ni mucho menos ha sido norma repudiar el capitalismo, cuya lógica normal de funcionamiento implica, más temprano que tarde, al monopolio.

Qué parte de la tercera parte

La otra cuestión es el supuesto derecho democrático que se pregona. ¿Puede la fórmula del 33, 33 y 33 que se impulsa, garantizarlo?

Desmenucemos el asunto: el 33% sería para los privados, nada nuevo, el segundo 33 para el Estado, pero ahí pongamos atención, porque el Estado no es el pueblo, el Estado es de los que han dado en llamarse “clase política”, esos gerentes de los empresarios que les cuidan los negocios. El estado es, en ese sentido, también privado.

¿Y el otro 33? Para las organizaciones sin fines de lucro, dirás, sí, pero ahí tendrán preponderancia las que no son tan sin lucro, la iglesia, primero que nada - una potencia económica - las otras iglesias que también, los sindicatos controlados por la burocracia sindical, las fundaciones que casi siempre están vinculadas a las grandes empresas, los tanques de ideas, les dicen ahora, esas como la Mediterráneo de Cavallo o la Fundación Libertad, que junta a Paladini y a todos los grandes empresarios del sur de la provincia de Santa Fe.

¿Cuánto de ese 33 quedará para que el pueblo disfrute de su libertad de expresión? ¿Para los piqueteros que no consigan plata del gobierno porque son opositores, para las comisiones internas que pretendan ser independientes de los sindicalistas millonarios, para las vecinales que no se hagan amigas de los políticos de turno?

El problema no se reduce simplemente a diferenciar lo público de lo gubernamental o a resolver qué partido tendrá más preponderancia en la autoridad de aplicación de la ley. Esos debates son importantes y no es que convenga minimizarlos, pero no habrá que perder de vista que el centro del problema está más bien en la esencia del capitalismo, sistema en el cual habla más fuerte el que más plata tiene.

La derecha posible

Hace un par de semanas, especulábamos en nuestro programa de radio alrededor de la tesis que sustentaba gran parte de la oposición sobre que el gobierno aspiraba a armar un nuevo monopolio con base en las telefónicas, con las que supuestamente tenía acuerdos. Patricia Bullrich había llegado al punto de bautizar la ley como “ley Telecom”.

Obviamente que el tema no era para descartar sin más ni más: en general, las burocracias gobernantes operan como personeros de tal o cual sector patronal y el caso particular del kirchnerismo no ha sido la excepción: ha aparecido siempre enredado con algún sector empresario amigo, En ese marco, no parecía raro que ahora también, pero esa cuestión no nos parecía la central. Ahora que las telefónicas salieron de la escena, la polémica parece resuelta.

Tampoco me parece serio coincidir con que se trata de un capricho, de un Kirchner enojado como un chico con el grupo Clarín, como una venganza que se explica como en una novela barata.

¿Entonces el gobierno es de verdad un sector progresista y democrático que quiere repartir la palabra, un adalid de la libertad de expresión? La verdad es que, como en todas los hechos de la realidad, las razones no pueden concentrarse en una sola causa: habrá intereses, jugará también la necesidad de meter un gol para equilibrar la balanza postelectoral, habrá caprichos, inercias, cuestiones simbólicas y también, por qué no, sectores del gobierno que realmente creen que puede haber un mejor capitalismo en el que se escuchen más voces, en el que la palabra pueda ser redistribuida.

Sin embargo, si hay que buscar un detonante central, tratar de entender lo que está sucediendo, me inclino por seguir un par de antecedentes que muestran al gobierno actuando – para volver al barbudo – como “estado mayor de la burguesía”.

Uno es el caso de las AFJP en que, a pesar de las protestas, la verdad es que el gobierno salvó a las administradoras que se iban al bombo con el derrumbe bursátil. Los bancos propietarios pusieron el grito en el cielo, claro, ellos hubieran preferido que el Estado pusiera la diferencia mientras ellos seguían cobrando las comisiones. No fue, es cierto, la solución que los bancos querían, pero fue, sí, una solución que respondía a las necesidades de la clase capitalista. No es secundario que la bolsa de plata que antes recaudaban los bancos y que ahora recauda el Estado, no fuera a los bolsillos de los pauperizados jubilados, sino al esfuerzo estatal por sostener el nivel de inversión macroeconómica que requiere el mantenimiento del clima de negocios.

Con el asunto del fútbol, y más en pequeño, puede hacerse el mismo análisis. El gobierno tiró una soga a un negocio que así ya no podía seguir funcionando, porque el mercado del cable estaba superlimitado, las cosas empeoraban con la recesión e inmensas posibilidades mercantiles estaban siendo desaprovechadas.

Con la ley de medios el gobierno está también ordenando el juego de los burgueses, arbitrando para que no despedacen a la gallina de los huevos de oro. El negocio del triple play, las nuevas tecnologías que vienen de la mano de la digitalización, la televisión en los celulares, son todos negocios que requieren de una nueva plataforma, a riesgo de quedar esterilizados en manos de un monopolio. No será tampoco la ley que cada una de las empresas pretende – menos que menos la que gozaba de la posición monopólica - pero es una ley que abre posibilidades de negocios a todos, es una salida para adaptar el mercado capitalista de los medios a los nuevos desafíos.

En ese sentido, es un error grosero hablar de progresismo. Todo buen gobierno capitalista, no sólo se dedica a mantener en caja a los trabajadores sino que también, gran parte de su trabajo, consiste en disciplinar a los empresarios para que sus ciegas tendencias a la ganancia no terminen dejando a todos los burgueses sin negocio. En ese sentido, decía, es un error grosero hablar de progresismo, hablar siquiera de centro izquierda es un exabrupto, el kirchnerismo es apenas la derecha posible.

¿Y con la ley?

Está bien que los que queremos que la palabra circule libremente, que los que queremos que puedan hablar los que luchan contra este estado de cosas, que los que pretendemos que la fuerza de las opiniones no dependa del ancho de las billeteras, tratemos de conseguir aunque sea algún avance, alguna mejora de esta discusión. Los debates que han venido manteniendo algunos sectores que critican por izquierda al gobierno, han logrando imponer que salieran de circulación las telefónicas, aunque habrá que ver si eso logra mantenerse en el tiempo o si es sólo una maniobra para que la ley pase.

También se han dado algunas luchas conceptuales importantes, como la que mencionábamos sobre los medios que deben ser públicos y no gubernamentales y, aunque eso es difícil que logre plasmarse en la ley, el debate no es menor.

Sin embargo, más allá de eso, se trata de una ley cuya función central es la de ordenar el mercado capitalista de medios, pensada para que un grupo de empresas privadas exploten el negocio de la difusión pública y - aunque finalmente se logre que algunos espacios se abran a otras voces en el universo mediático - no se cambiará el hecho central de que la palabra seguirá privatizada.

Y lo cierto es que, con ley o sin ley, que haya otros actores, que haya otros relatos en el mundo de la difusión pública, dependerá de la lucha, como siempre ha sido en el mundo del capital. Y en esa lucha, la palabra es a la vez arma y objetivo, herramienta y bandera con la cual - y por la cual - se enfrentaron, se enfrentan y se enfrentarán patrones y obreros, propietarios y proletarios, dueños privados y privados de ser dueños, pueblo y antipueblo, explotadores y explotados…….

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