Conflicto en Perú

por Enzo Vicentín y Lorena Fortonani

Las últimas tres semanas han sido agitadas en Perú. La brutal represión llevada adelante en el norte del país, contra las comunidades indígenas que se manifestaban en contra de un paquete de 9 decretos legislativos impulsados por el gobierno del APRA (la Alianza Popular Revolucionaria Peruana) en el marco del proceso de implementación del Tratado de libre comercio con Estados Unidos, ha desencadenado una aguda crisis institucional en el país. El discurso duro y confrontantivo que tomó el gobierno de Alan García en los inicios del conflicto, fue duramente criticado por la sociedad peruana y alcanzó una importante repercusión a nivel internacional. Ante esta situación, el gobierno se vio obligado en la última semana a cambiar su estrategia, reconocer  los errores cometidos y derogar dos de los decretos mas cuestionados en las movilizaciones.

Para poder entender el conflicto, y  analizar con más detalle las implicancias para las comunidades indígenas en particular, vamos a hacer un breve repaso de los acontecimientos de las últimas semanas.

Desde el mes de abril, comunidades indígenas del norte peruano bloquearon una ruta estratégica para la circulación de bienes, que comunica la región amazónica con la costa norte de Perú. La persistencia del corte (alcanzó los 54 días) obligó tanto al gobierno nacional como a los alcaldes regionales a iniciar negociaciones con los manifestantes, pero casi todas fueron infructuosas. Como declara uno de los líderes de la protesta, Salomón Aguanash, “la semana anterior a los enfrentamientos tuvimos una reunión con el general Víctor Uribe (jefe policial de la zona), el representante de la Defensoría del Pueblo y los alcaldes de Condorcanqui, Jaén y Bagua Chica porque en los últimos cinco días habíamos vivido mucha tensión con los conductores de vehículos que eran detenidos en el bloqueo carretero. El general nos dijo que facilitáramos el tránsito para demostrar al gobierno (nacional de Alan García) que era una marcha pacífica. Por ello aceptamos y ese día se dio pase a los vehículos entre las 2 y 6 de la tarde”. Sin embargo, a la semana siguiente, el jefe de policía “nos dijo que él no tenía más tiempo, porque estaba fuera de su nivel y que arriesgaba su cargo ya que había recibido orden superior. Y dijo que había escuchado por la radio que había orden de desalojo y que lo único que le interesaba hablar en la reunión era sobre el pase de los camiones. Si no salíamos de la carretera, iba a aplicar la orden en la mañana. Por eso es que le pedimos que nos dé una tregua hasta las 10 de la mañana. Él dijo que ya, que confiáramos en su palabra y que, si él no daba la orden, los equipos que estaban allí no podían dar ni un paso”. En definitiva, y a pesar de la promesa policial, alrededor de las 6 de la mañana del viernes 6 de junio la policía y el ejército atacaron el corte de ruta con gases lacrimógenos y balas de plomo, desde tanquetas y helicópteros. Para Aguanash la intención fue clara: “si la policía quería desalojarnos, porque desde el principio no vinieron por ahí y prefirieron sorprendernos por los cerros. La orden era matarnos” (todas las declaraciones de Aguanash fueron extraídas de esta nota). Incam Santiac, líder indígena de la etnia Awarun, también estuvo presente y declaró al diario Página/12: “Nosotros estábamos durmiendo en la pista cuando la policía nos atacó. Eran las cinco y media de la mañana. Primero lo hizo con gases lacrimógenos y cuando vieron que no nos podían sacar de ahí, comenzaron a disparar. Disparaban al cuerpo, a matar. Nos disparaban desde un helicóptero y desde los cerros. Un hermano cayó muerto a mi lado. Muchos cayeron por las balas. El ataque duró hasta las dos de la tarde, cuando logramos replegarnos a Bagua” (Página/12, 7 de junio).

A pesar de estas denuncias, y de otras acusando a la policía de desaparecer cuerpos de víctimas o arrestar ilegalmente a decenas de indígenas, el gobierno de Alan García ha mantenido una férrea postura de colocar en el lugar de la víctima a la policía y denostar a las comunidades indígenas movilizadas. La primera reacción oficial luego de la represión fue calificar de delincuentes a algunos líderes de la protesta, acusar al opositor Partido Nacionalista Peruano de Ollanta Humala de promover los actos violentos, y calificar a la represión policial de “serena y prudente” (Página/12, 6 de junio). Desconociendo las denuncias sobre desapariciones, el gobierno ha considerado como cifras oficiales 24 policías muertos y solo 9 indígenas. Además, ha militarizado e impuesto el toque de queda en toda la región de Bagua. Esta última decisión no solo respondió a la represión del corte de ruta, sino a que luego de esa masacre en algunas localidades cercanas las movilizaciones de los habitantes indígenas incendiaron sedes de instituciones públicas o del partido gobernante aprista. En otras zonas de la amazonia peruana otras comunidades indígenas decidieron salir a cortar rutas luego de la represión en Bagua.

Durante la primera semana posterior a la represión, el gobierno no se corrió de su posición y siguió acusando, en boca del propio Alan García,  a las comunidades indígenas de estar manipuladas por opositores internos e intereses extranjeros. La denuncia de una posible injerencia extranjera llegó incluso a una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde el gobierno peruano defendió nuevamente esa tesis. Los dardos de la acusación apuntaron más precisamente a los gobiernos de Venezuela y Bolivia, con los cuales el gobierno peruano hace mucho que no tiene buenas relaciones. La respuesta ante semejante acusación sin fundamentos no se hizo esperar: “la ministra venezolana para los pueblos indígenas, Nicia Maldonado, dijo que el gobierno peruano había cometido ‘un genocidio’ y lo acusó de ‘fascista’. Por su parte, Celima Torrico, ministra de Justicia de Bolivia, acusó al gobierno peruano de no atender las demandas de los indígenas y lo responsabilizó de ‘tanta matanza’” (Página/12, 9 de junio). Sin embargo, la posición rígida del gobierno peruano tuvo sus fisuras. La ministra de la Mujer y el Desarrollo Social, Carmen Vildoso, renunció días después de la represión por no compartir la campaña mediática que encabezó el gobierno, acusando a los indígenas de violentos y extremistas, y de oponerse al desarrollo económico del país. Por otra parte, la intención aprista de internacionalizar el incidente tuvo un contraataque inesperado: uno de los líderes indígenas acusados por el gobierno, Alberto Pizango, obtuvo el asilo diplomático en la embajada de Nicaragua en Perú, hecho que abrió otro frente de conflicto diplomático. Como bien dicen algunos analistas, el gobierno peruano recibe ahora un poco de su propia medicina, ya que semanas atrás decidió otorgar el asilo político a Manuel Rosales, dirigente de la derecha venezolana, motivando el enojo del gobierno del presidente Chávez.

Los resultados de la campaña mediática oficialista generaron un boomerang que trajo no solo mayor movilización de las comunidades indígenas de la amazonia peruana, sino también fuertes gestos de solidaridad de parte del resto de la población peruana. Algunas marchas en protesta a la represión y al avance de los decretos-ley enmarcados en el TLC fueron multitudinarias, y forzaron a un cambio de estrategia por parte del gobierno. Algunas crónicas hablaron de 30 mil personas que marcharon en Lima el pasado jueves 11. El gobierno peruano improvisó una salida sancionando en el parlamento una suspensión a dos de los nueve decretos que están en el centro de la polémica.  Pero esa votación, más que calmar los ánimos, los exacerbó: “Los congresistas del Partido Nacionalista (PN) protestaron indignados y tomaron el centro del recinto con cartelones y gritos en apoyo a los indígenas y exigiendo la derogatoria de las cuestionadas leyes, que ya han sido calificadas como inconstitucionales por dos comisiones del propio Congreso y por la Defensoría del Pueblo, opiniones que la mayoría no quiso tomar en cuenta (…)Los congresistas decidieron pasar toda la tarde y la noche en el Congreso, en una vigilia de protesta contra el gobierno” (Página/12, 11 de junio). Como si el nivel de crispación no era alto, al día siguiente la bancada oficialista apoyada por el partido de Fujimori sancionó por 120 días a los legisladores del PN que habían hecho la vigilia dentro del Congreso. Sin dudas, fue otro grave error político del gobierno peruano que generó mayor oposición a su postura y lo dejó con muy poco margen para seguir sosteniendo su política de acusar a los indígenas, no hacer ningún tipo de autocrítica y aferrarse a la aprobación de los decretos-ley.

La importancia de los decretos para la implementación del TLC con Estados Unidos

La serie de decretos legislativos que impulsó el gobierno de Alan García forman parte del compromiso que asumió el estado peruano para la completa implementación del Tratado de libre comercio con los Estados Unidos firmado en el año 2006. Más allá de que las autoridades peruanas se comprometieron a exigir mayor reciprocidad en las negociaciones y a no vulnerar las principales normas constitucionales en su aplicación, lo cierto es que el congreso aprobó el texto definitivo del TLC, realizando importantes cambios en leyes internas del país, modificando leyes laborales, medioambientales, de propiedad intelectual y de inversiones, y lanzando una serie de decretos para adaptar la legislación peruana al TLC, y responder a las exigencias de los Estados Unidos.

Fueron estos últimos, los que generaron los sucesos que mencionamos anteriormente, al provocar un impacto directo sobre las comunidades indígenas, sus intereses y sus tierras.  De esta serie de 9 decretos legislativos, principalmente dos fueron objeto de controversia:  el decreto 1090 conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre que pretende regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, y el decreto 1064 referido a la propiedad de la tierra.

Las principales criticas contra el decreto 1090, se generaron no sólo porque su contenido no fue sometido a consideración de las comunidades nativas, si no porque reduciría los mecanismos de control de la tala ilegal y facilitaría el aprovechamiento y comercio de productos de origen controversial. Por otra parte, el decreto 1064 faculta al gobierno central a otorgar permisos de exploración y explotación de recursos naturales, como petróleo, gas y minerales a empresas multinacionales, sin la necesidad de contar con la aprobación previa de las comunidades locales. De esta manera entran en juego los intereses de empresas como la española Repsol, la anglo-francesa Perenco, la colombiana Ecopetrol, la canadiense Petrolífera Petroleum Limited y otras como Petrobrás y Pluspetrol, que en los últimos años han aumentado las actividades de explotación de gas y petróleo en la Amazonia peruana..

A la hora de discutir el tratamiento de estas leyes, el gobierno no tuvo en cuenta que  la Comisión de Constitucionalidad del Congreso ya había  decidido que varios de los decretos eran inconstitucionales, ni que la Defensoría del Pueblo del país presentó recursos de inconstitucionalidad por considerar que las normas vulneraban los derechos de identidad cultural, y de propiedad de la tierra de las comunidades nativas. Tampoco tomó en cuenta que este paquete de leyes era una clara violación a la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado e incorporado a la legislación peruana en diciembre de 1993. Este último obliga al estado a consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.

De estas cuestiones se hicieron eco los diferentes sectores sociales en Perú, para exigir al gobierno que acepte el diálogo y tome finalmente una medida que ayude a pacificar el país. El amplio  movimiento de solidaridad que recibieron los indígenas por parte de la sociedad peruana, de la comunidad internacional, de organismos de derechos humanos, y el propio aislamiento y pérdida de legitimidad que sufrió el gobierno, lo obligaron a dar marcha atrás en su postura y facilitar la derogación de estos decretos el pasado jueves 18 de junio. La derogación se adoptó por 82 votos a favor por parte de legisladores de la oposición, del gobierno y de bloques aliados, y 12 en contra tras un complejo debate de más de cuatro horas en el congreso. Los 12 votos en contra pertenecieron al bloque de la alianza de centroderecha Unidad Nacional, que se negó a apoyar una medida que consideraban “un nefasto precedente para el país”.

Si bien esta medida muestra un importante avance, el conflicto todavía no esta cerrado. Después de la medida, la vicepresidenta de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) Daysi Zapata, que lidera las movilizaciones en remplazó de Alberto Pizango que se encuentra exiliado en Nicaragua después de que el gobierno lo responsabilizara de los hechos de violencia, llamó a los indígenas de la región amazónica a levantar la huelga y desbloquear las carreteras que tenían bajo su control. Pero reclama al gobierno que levante el estado de emergencia y el toque de queda implantados en la ciudad de Bagua, y que cese el hostigamiento y persecución contra los líderes de la protesta. Por otra parte, queda esperar que el congreso lleve adelante las investigaciones para dejar en claro la responsabilidad del gobierno en la matanza del pasado viernes 5 de junio.

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