Conflicto abierto

por Enzo Vicentín

Uno de los discursos más propagados por los medios periodísticos después del referendo revocatorio del 10 de agosto tuvo los siguientes ejes: 1) Morales ganó contundentemente, pero los prefectos opositores también ganaron en sus provincias, 2) el estado de conflictividad social debe dar paso al diálogo entre el gobierno y la oposición, 3) las dos partes deben ceder en algo para que un acuerdo sea posible. Dejando de lado la primera premisa (que supone peligrosamente cierta equivalencia entre un poder nacional y algunos poderes provinciales, como si fuera un doble poder en igualdad de fuerzas, o sea la continuación del "empate catastrófico"), las dos últimas premisas están enfocadas en ahuyentar la violencia del conflicto político, en apostar a la institucionalidad para cerrarle caminos a la conflictividad. Tal solución ha sido recurrentemente aplicada por las clases dominantes en América Latina, siempre y cuando anteriormente la violencia haya hecho el trabajo de barrer la amenaza, entonces la paz siempre vino limpiar con una mano lo que la otra mano estatal había manchado de sangre. El problema para la burguesía del oriente boliviano es que, esta vez, el Estado está en manos del adversario. Podríamos repasar la historia y encontrar en el gobierno de la Unidad Popular en Chile o en el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua experiencias en donde también gran parte de la burguesía, al perder el control del Estado, se dedicó a combatirlo desde afuera, con métodos que poco y nada se aferraron a la institucionalidad (en ambos caso, con el abierto apoyo del gobierno de Estados Unidos) que reclamaron respetar cuando pudieron retomar el control del Estado.

Hagamos un repaso de las distintas medidas que llevaron adelante los gobiernos departamentales y los distintos grupos cívicos-autonomistas agrupados en el llamado CONALDE (Consejo Nacional Democrático, formado por dirigentes políticos y civiles de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) desde el 10 de agosto pasado: huelgas de hambre, un paro cívico de 24 horas, bloqueo de caminos, suspensión de envíos de carne a la región occidental del país, intentos de tomas de oficinas del gobierno nacional y de la policía. Si a ese abanico de acciones realizadas le sumamos las reiteradas declaraciones impregnadas de racismo vertidas por algunos de los principales prefectos y líderes cívicos opositores a Morales, entonces los elementos que permitan pensar que la derecha boliviana tiene "vocación para el diálogo" son casi inexistentes. La impresión es claramente contraria: la burguesía del oriente boliviano no tiene voluntad de dirimir mediante la negociación y el diálogo sus diferencias con el gobierno nacional. No es solo eso. También retoma estrategias altamente sospechosas para cualquier intento por acercar posiciones entre oficialismo y oposición: el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, se reunió el 25 de agosto (15 días después de la votación del referendo revocatorio) con el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, quien viene jugando a favor de la derecha con articulación al interior de la "Media Luna" y sobre todo con dólares. Por último, la negativa del gobierno nacional en considerar la devolución a los departamentos productores de gas y petróleo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que hoy financia la Renta Dignidad, trabó los resultados de las reuniones que el gobierno nacional impulsó en un par de ocasiones luego del 10 de agosto. Los prefectos opositores mantienen la devolución del IDH como condición para iniciar negociaciones.

En paralelo a las agitaciones de la derecha en la región oriental, el MAS y los movimientos sociales que sustentan al gobierno de Evo Morales fijaron el domingo 24 de agosto, en un plenario nacional, la estrategia para pasar a la ofensiva y marcar el rumbo de la agenda política. Este no es un hecho que se deba pasar por alto. El gobierno de Morales reconoce que su fortaleza está en el apoyo y la movilización de las organizaciones de indígenas, sindicales y civiles, y hacia ellos va para poder avanzar. Una cobertura del diario La Época resume los principales ejes por donde el MAS quiere avanzar: "tener una nueva Constitución Política del Estado (CPE), reapropiarse de la autonomía y establecer una nueva forma de distribución de los recursos del Estado". Y el primer paso para el primer objetivo fue la firma de un decreto por parte de Morales convocando a un referendo para que el pueblo vote la aprobación o el rechazo a la nueva Constitución para el 7 de diciembre. El mismo día, el decreto convocaba a dirimir mediante el voto un punto de la Constitución que no fue decidido por la Asamblea Constituyente: la extensión máxima que pueden tener las propiedades agrarias (la elección se haría entre 5 mil o 10 mil hectáreas), algo que afecta directamente la posición de los grandes productores ganaderos que forman parte de la burguesía del oriente. Por último, la convocatoria impulsada por el gobierno nacional también estipulaba la elección de subprefectos y consejeros departamentales.

Pero el primer paso dado rumbo a la votación de la nueva Constitución no fue como el gobierno lo esperaba. La Corte Nacional Electoral (CNE) decidió el pasado 1 de septiembre suspender la convocatoria realizada mediante decreto presidencial, argumentando que le corresponde al Congreso aprobar el llamado a consulta popular. Para redondear una medida "salomónica", la CNE decidió paralelamente suspender "la elección de subprefectos, corregidores y asambleístas departamentales convocada por el gobernante del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas; y la consulta sobre la autonomía departamental de Chuquisaca, hecha el fin de semana por la prefecta de esa región, Savina Cuéllar, ambas por no estar enmarcadas en las leyes" (TeleSur, 2/9). La decisión de la CNE trató de nivelar "bajándole" tanto al gobierno nacional como a dos de los prefectos opositores sus iniciativas de referendos, pero objetivamente perjudicó más al primero, ya que lo obliga a jugar en un terreno bien áspero para el MAS como lo es el Congreso (donde no cuenta con votos propios para lograr la mayoría en el Senado). El gobierno tuvo que masticar la bronca por el sorpresivo revés jurídico, y distintos ministros y el propio vicepresidente declararon que van a impulsar la ley de convocatoria a través del Congreso.

Si bien la situación al día de hoy es de una imprevisibilidad bastante grande, me quedan algunas sensaciones del proceso político que está viviendo Bolivia. La primera es que el gobierno de Evo no puede capitalizar políticamente los logros conseguidos. Ante un proceso que transcurre a una velocidad sorprendente, el 67% obtenido hace menos de un mes parece diluirse ante el establecimiento de un nuevo frente de conflicto dado por la aprobación de la nueva Constitución. Y a eso se le suma el hecho de que el referendo constitucional (que se deberá confirmar en el Congreso) significa otra instancia más de revalidación (en este caso, indirectamente) para el mandato de Morales, que ya pasó por tres procesos electorales en los últimos 3 años. La segunda sensación es que la burguesía del oriente, racista y separatista, no va a canalizar su accionar futuro por caminos regidos por la institucionalidad (paradojalmente, o no, instaurada a través de la historia por la misma burguesía). El repertorio de acciones de los grupos cívico-autonomistas es preocupante y lamentable, pero entendible. Y eso pone en discusión nuevamente la elasticidad de las instituciones políticas burguesas ante proyectos políticos reformistas que apuntan a profundos cambios sociales dentro de los marcos heredados. La tercera y última sensación es que los gobiernos tanto de Brasil como de Argentina jugarán hacia el futuro un rol bien importante en el desarrollo del proceso político interno de Bolivia. Preocupados por el gas que importan desde suelo boliviano, han puesto hasta ahora más por el gobierno del MAS que por la derecha. No han agarrado la mano de los autonomistas, pero tampoco es seguro que a largo plazo no se la suelten a Evo.


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