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¿Quién va a gobernar Bolivia?

Por Enzo Vicentín

     América del Sur ha experimentado en carne propia toda la crudeza del modelo neoliberal ideado por EEUU y aplicado por los partidos políticos-filiales en el continente desde hace 30 años. No por nada en los últimos años muchos países dentro de la región han ensayado salidas a este modelo desgastado que se ha ido quedando sin base de apoyo: en Argentina y Perú se generaron insurrecciones populares, con resultados diferentes. Brasil probó con el PT; Venezuela con el proceso chavista; y ahora Bolivia está intentando una salida, sangrienta y sufrida.

     Hoy Bolivia tiene un presidente, Gonzalo Sánchez de Losada, que accedió al poder con el 20 % de los votos. Goni, como lo llaman, ha cumplido desde su asunción en agosto del año pasado hasta aquí con todas las recetas del Fondo Monetario Internacional. Si bien en su primera presidencia (1995-1999) ya había comenzado con el proceso privatizador, en su actual mandato ha profundizado esta práctica. Hace días, el FMI le concedió un endeudamiento superior al previsto para este año, pero a cambio de un ajuste en sueldos y jubilaciones para que dicho déficit no se escape tanto. El Banco Mundial le otorgó un préstamo de 3 millones de dólares para realizar la campaña de información por el gas natural, a un estado quebrado que se lo va a devolver con más deuda.

     Los números dan una idea precisa de este castigado país de 8 millones de habitantes, donde el 80% de la población es de origen indio y el resto lo integran los blancos y mestizos que controlan el poder político y económico desde su independencia, en 1825. Bolivia es el país más pobre de América del Sur: 6 de cada 10 bolivianos viven en la indigencia con un ingreso menor a los 2 dólares por día.

     Si bien las luchas campesinas y cocaleras en Bolivia se vienen dando hace ya tiempo, y más de una vez han sido noticia, el actual proceso insurreccional puede rastrearse desde mediados del pasado
mes de septiembre. Los campesinos indígenas aymaras de la zona de Yungas (al norte de La Paz), liderados por el diputado, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y cacique indígena, Felipe Quispe, comenzaron con una huelga de hambre y cortes de rutas en reclamo del cumplimiento de un acuerdo firmado entre ellos y el fallecido Hugo Banzer (que constaba de 72 puntos), en el año 2000. Los reclamos principales referían a: obtener tierras fiscales para usufructo de las comunidades indígenas; mecanizar la agricultura a través de tractores; liberar luchadores sociales en prisión; oponerse al avance del ALCA y a la exportación del gas natural por Chile hacia EE.UU. y México. A los 5 días del corte, el gobierno decidió desbloquear una ruta cortada con el objetivo de rescatar a 2000 turistas que no podían regresar a la capital (entre ellos, 70 extranjeros). Esta acción represiva, ordenada por Sánchez de Losada y ejecutada por el ejército, fue realizada en la zona de Warisata (a 100 Km. al norte de La Paz) y provocó la muerte de 6 indígenas (una mujer y una niña de 8 años entre ellos) y un soldado. El domingo 21, una pueblada en la misma Warisata incendió edificios en repudio de la represión. Al mismo tiempo pero en Cochabamba (en el centro-sur del país, a 400 Km. de La Paz), el diputado por el MAS (Movimiento al Socialismo) y dirigente cocalero Evo Morales marchó junto a 15.000 personas en contra de la venta del gas natural.

     Las muertes y posterior pueblada de Warisata hicieron nacer el término de "guerra del gas" para definir a los enfrentamientos entre sectores manifestantes y el gobierno de Sánchez de Losada. Si bien el reclamo por el gas figuraba en la lista de los campesinos aymaras de Yungas, este no era el principal móvil de protesta. Sin embargo, la polémica sobre la venta de este recurso natural ganó el centro de la escena, soslayando incluso a los demás reclamos por los que los cortes habían comenzado. La dinámica ascendente de la "guerra del gas" generó la entrada de otros sectores al conflicto, como la Central Obrera Boliviana (COB) que agrupa a los sindicatos, que el día 25 salió a apoyar las luchas campesinas y a reclamar la renuncia de Sánchez de Losada. Hacia fines de Septiembre el gobierno todavía confiaba en que podía controlar la situación, pero días después todo cambiaría.

     Del mismo modo que el tema del gas había tomado vuelo con mucha rapidez, a principios de Octubre la totalidad de los sectores opositores comenzó a pedir la renuncia de Goni como condición para salir de la crisis. Puede verse cómo el proceso de luchas sociales que habían comenzado con reclamos (sociales) en la zona campesina y la oposición de los cocaleros a la venta del gas, se expandió hacia otras regiones del país, unificándose el grito de protesta: no a la venta del gas natural. Pasando luego eso a constituir "la" bandera que la totalidad de la oposición levantó y levanta a la hora de reclamar la renuncia de Sánchez de Losada. Pero aquí no debemos desconocer que la guerra del gas no es por si sola argumento para revocar a un presidente, lo que este reclamo permitió es plantear el fracaso del modelo y de un gobierno que lo aplica sin tener en cuenta el crimen social que produce.

La guerra del gas

     El proyecto del gobierno boliviano de exportar gas natural crudo hacia México y California estaba pensado como un negocio redondo para las multinacionales petroleras y como un salvavidas financiero para el gobierno, que prometía y promete que los recursos que se obtendrán a través de las regalías vayan a gasto social. La privatización estaba preparada para que el consorcio Pacific LNG, conformado por Repsol-YPF (37,5%), British Gas (37,5%) y British Petroleum (25%) invierta en un gasoducto desde la zona de Tarija (sur del país) hasta un puerto chileno, para ser embarcado desde allí hacia EE.UU. principalmente, donde se hubiese procesado y distribuido. Tal vez no sea correcto hablar en pasado sobre este proyecto, pero después de tanta sangre y con un final incierto para Goni, no parece que su puesta en marcha ocurra en el corto plazo.

     Lo que está en juego es la segunda reserva de gas natural de Sudamérica (después de Venezuela) y para los inversores extranjeros las ganancias se calculaban en miles de millones: Edward Miller, presidente de British Gas, dijo que los ingresos previstos serían superiores a los 1.396 millones de dólares al año para la multinacional, mientras el Estado boliviano solamente recibiría alrededor de 80 millones de dólares anuales. Para nuestros conocidos de Repsol-YPF, la inversión estaba catalogada la más ambiciosa de los próximos años en toda Latinoamérica. Las petroleras están que arden por el posible fracaso del proyecto, y a esto se suma el encontronazo que tuvieron con Sánchez de Losada a fines de Septiembre, cuando en oportunidad que el FMI solicitó un ajuste para desacelerar el déficit público, Goni intentó presionar a las petroleras con impuestos para así recaudar un poco más.

     Este proyecto no tenía en los planes nada de distinto a otras privatizaciones en las que se regala el patrimonio nacional por unos pocos dólares. Pero esta propuesta prendió y mucho en los sectores opositores al gobierno. Primero, se convirtió en "la gota que rebasó el vaso", que colmó la paciencia hacia este gobierno; es decir, una entrega más del patrimonio no se admite en la población boliviana, que todavía recuerda lo que pasó en su suelo con la plata y el estaño. Segundo, el proyecto contemplaba que el gas natural salga por un puerto chileno, elemento no menor que fogoneó el sentimiento nacionalista de los bolivianos, ya que Chile a través de la "guerra del salitre" dejó en 1879 a Bolivia sin salida al mar. La bandera de la defensa del gas natural fue levantada por todos los sectores que fueron entrado en escena a lo largo de este tiempo de protestas y movilizaciones; y se convirtió en "el" motivo por el cual Sánchez de Losada se tiene que ir. Las propuestas no son homogéneas: desde aceptar la privatización a cambio de abastecer primero al mercado interno para después exportar, hasta reclamar la nacionalización del recurso, la población no parece tener en claro la vía alternativa. Lo que está clarísimo es que así como está el proyecto es vergonzoso y que el gobierno que lo quiere llevar adelante, es un gobierno de traidores.

     Regalar el gas a los "gringos" (de Bolivia y de afuera) fue el catalizador de las luchas por un nuevo modelo económico como mínimo, y esto es más importante que el gas en sí. Desde allí, muchos sectores, viendo la debilidad del gobierno, han podido extender sus propuestas de salida a esta crisis. Y en esto, otra vez, el arco opositor aparece fragmentado y planteando salidas diferentes.

La situación actual

     El último fin de semana ocurrió algo así como el punto de inflexión en la protesta. Los focos ubicados en la zona del lago Titicaca y Cochabamba se expanden, la lucha se nacionaliza. Así, la ciudad de La Paz y principalmente El Alto, una ciudad satélite de la capital, se transforman en los epicentros del conflicto. Como breve radiografía, en la ciudad de El Alto viven 700.000 personas, la mayoría desocupados de las zonas mineras del país: Oruro, Potosí y Cochabamba. La llaman "la capital de la marginación": la mitad de su población (321.807 personas) vive en la pobreza y el desempleo llega al 25% (la tasa oficial boliviana es del 8,5%); el 36 por ciento carece de servicios sanitarios; el 14 no tiene electricidad. Obviamente, no conocen el gas natural y siempre cocinan a leña ya que el precio de las garrafas está por las nubes desde que comenzaron los cortes de ruta.

     Los cortes se habían multiplicado desde que la COB y los cocaleros entraron de lleno a reclamar por la renuncia de Sánchez de Losada.
Tanto La Paz como El Alto comenzaron a sufrir el desabastecimiento de gasolina y los problemas en las comunicaciones (la zona de El Alto concentra industrias relacionadas al combustible y el aeropuerto internacional). El gobierno ordenó, tal como lo había hecho en Warisata, despejar a cualquier precio la autopista El Alto-La Paz para abastecer de combustible a la capital. Los tanques del ejército actuaron el último fin de semana, permitieron el paso del combustible matando a 8 alteños (entre ellos un chico de 5 años) y dejando por lo menos 50 heridos. Esta acción militar, a la que no le cabe otro calificativo que masacre, aceleró la caída del gobierno. Entre lunes y martes los cortes y las barricadas en La Paz y El Alto se multiplicaron, y en zonas como Santa Cruz de la Sierra que no habían registrado incidentes, comenzaron las marchas y cortes de ruta en solidaridad con los manifestantes reprimidos.

     Además del grito unísono de pedir la renuncia de Sánchez de Losada por parte de manifestantes opositores, los sectores que antes habían salido a defender a Goni recogieron el guante y cambiaron su discurso por el de "defensa del orden constitucional". La Iglesia, que durante el conflicto había clamado por diálogo y pacificación, salió a despegarse de Sánchez de Losada luego de la masacre de El Alto. Las FF.AA. bolivianas también cambiaron su discurso y declararon que ellos defendían la Constitución pero no al mandatario como "persona", sino como presidente. Por si faltaba alguien, EE.UU. también vio que no podía sostener lo insostenible y, luego de que el lunes Condoleezza Rice, asesora de Seguridad Nacional estadounidense, manifestara su apoyo a Sánchez de Losada y al orden constitucional boliviano, ayer un vocero del Departamento de Estado yanqui se olvidó de Goni y dijo: "nuestro apoyo es al proceso constitucional".

     Es necesario destacar que Bolivia no asiste a un proceso análogo al 19 y 20 argentino. Es cierto que se pueden encontrar elementos comunes o muy similares: gobierno aislado y fractura en la coalición de gobierno, funcionarios que renuncian, movilización popular incontrolable para las fuerzas de seguridad, represión, crisis del modelo dominante, un detonante para hacer estallar un proceso de acumulación agotado: aquí, el corralito, allá, la venta del gas. Pero hay que ver las grandes diferencias entre una insurrección y otra, que grafican dos procesos de luchas sin analogía posible: la cuestión racial en Bolivia tiene mucho peso discursivo e ideológico: se resume en la antinomia de gringos contra indios, los que dominan frente a los dominados de siempre; las luchas actuales en el Altiplano son timoneadas por organizaciones obreras y campesinas estructuradas, con programas de acción definidos y con líderes visibles y mediáticos (Evo Morales y Felipe Quispe).

¿Quién va a gobernar Bolivia?

     Al cierre de esta nota Sánchez de Losada no ha renunciado todavía. Es posible que su gobierno salga vivo de este terremoto en el que está metido hasta el cuello, a fuerza de transformar en una carnicería cada manifestación, es decir, matando gente hasta que la insurrección se detenga. Eso, repetimos, es posible, y tal vez sea lo que pase. Pero viendo el cuadro de situación actual, se ve que el gobierno está claramente desbordado por las manifestaciones, la población le pide a gritos su renuncia, los opositores ponen la salida de Goni como precondición para dialogar con el gobierno. Además, la coalición de gobierno se ha fracturado en los últimos días, el vicepresidente Carlos Mesa (de otro partido) ha decidido abandonar el gobierno pero sin renunciar, especulando con la sucesión constitucional. Por último, el despegue de sectores como las FF.AA., la Iglesia boliviana y EE.UU. de la persona de Sánchez de Losada lo deja moribundo al gobierno actual, y a la Organización de Estados Americanos (OEA) en off-side, ya que es el único aparato de peso que ha salido a defender a Goni. Una apreciación: defender la democracia es defender a los que el pueblo quiere que estén en el poder. Sánchez de Losada asumió con el 20% de apoyo y hoy el pueblo no lo quiere en el poder. ¿Estos organismos defienden la democracia o no la defienden?

     Puede suponerse que en los próximos días Sánchez de Losada caerá, pero entonces aparecerá la encrucijada de hierro para la insurrección popular: ¿quién gobierna? Obviamente, la actitud del vicepresidente Mesa no es ingenua, si el presidente renuncia, él asume hasta el final del mandato, que será en el 2007. Aquí se concentrarán los esfuerzos de la burguesía boliviana y transnacional para expropiar al pueblo sus conquistas, y abortar la insurrección a través del diálogo y una tregua en la entrega del país. Del otro lado, los líderes opositores tienen el objetivo de llegar a la presidencia y no lo ocultan: Evo Morales estuvo muy cerca el año pasado, cuando perdió por 45.000 votos frente a Sánchez de Losada; Felipe Quispe reclama un gobierno indígena aymara con él a la cabeza después de tantos años de dominación "gringa". El programa de gobierno del MAS de Evo Morales expone la salida del neoliberalismo y su reemplazo por un capitalismo redistributivo, que integre a los indígenas al reparto y considere a las comunidades ancestrales como sujetos sociales. Morales no es bien visto ni por la burguesía boliviana ni por EE.UU., ya que Evo defiende el cultivo de la coca ante la campaña yanqui de reemplazo de cultivos. Felipe Quispe, por su parte, proviene de la guerrilla boliviana de los 90, y su Movimiento Indigenista Pachacuti (MIP) quiere la vuelta a la propiedad comunal de la tierra y la nacionalización de los recursos, en la idea de volver al modelo de organización social incaico que los "gringos" españoles destruyeron al conquistarlos. Si Morales es temido, Quispe lo es muchísimo más. Sus argumentos étnicos e históricos hacen de basamento a la idea de un socialismo en Bolivia, bajo gobierno indígena. Y para esto el MIP expone la lucha armada como recurso para llegar a alcanzarlo.

     La incertidumbre se presenta irresoluble. Los próximos días en Bolivia marcarán qué tendencia será la dominante en el proceso de salida de la crisis. Habría que observar cuál es la dinámica que toman las luchas en El Alto y La Paz, que parecen ser los centros insurreccionales más importantes. Por otro lado, la postura del ejército desde la posible caída de Sánchez de Losada es un tema clave. Quispe, la semana pasada, llamó a los indígenas aymaras alistados en el ejército a que no maten a sus hermanos, sino que se rebelen contra los "gringos", que ocupan los cargos de mando en el cuerpo castrense. ¿Cómo funcionarán las FF.AA? Por último, habría que ver cuánto éxito tendrán las tentativas de la burguesía de encausar la insurrección por caminos institucionales, ya sea llamado a elecciones, tregua del gobierno con plebiscito por el tema del gas (que a Sánchez de Losada se lo rechazaron), o cualquier otro artilugio. Un final abierto que sea cual sea el resultado, marcará por mucho tiempo la historia boliviana y la latinoamericana.

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