La larga mano de la iglesia

Por Miguel Espinaco

El caso no es original. Para nada.

De vez en cuando algo parecido aparece en los diarios y después se pasa como se pasan todas las historias y ya nada se sabe porque de alguna forma es lógico, es comprensible: no se puede sufrir todas las vidas y todas las miserias. Y entonces el relato pierde de a poco su filo humano, se convierte en estadística que acumula casos parecidos como si las vidas pudieran parecerse, que quinientos mil abortos clandestinos por año, que quinientas mujeres muertas y que quince mil con secuelas, que vaya a saber cuántas madres que no querían y que quién sabe cuantas violaciones, porque esas son cosas tan difíciles de contar, son cosas tan esquivas al registro.

Hace poco fue Mendoza, otra vez Mendoza como hace un par de años. En el 2006 hubo sí interrupción del embarazo después de la polémica y hasta hubo un documento del Consejo Federal de Salud en apoyo a la medida, ahora no. Ahora hubo un juez que opinó que en este caso "esta chica no es ni idiota ni demente" y que seguir con el embarazo será el "mal menor", porque "la interrupción podía ocasionarle trastornos psiquiátricos permanentes a la niña, como es el caso de la psicosis" ("Frases destacadas de la resolución del juez" MDZ Online).

La nena tiene 12 años y es pobre y su familia es lo que es. No es muy difícil imaginar qué hubiera opinado el señor juez, si el caso tratara de su hija.

En el primer plano
psicólogos y comités de bioética
abuelas y madres
seres devenidos bestias violadoras
leyes
mundos miserables
abortistas y antiabortistas
cronistas
jueces que deciden vidas
opiniones
objetores de conciencia
palabras
calles de tierra
tabúes
hospitales
fanáticos
defensores de la vida y de la muerte
ministros de salud
niñas dejadas a la mala de dios.

La niña acusa a un encapuchado flaco y alto que, ella contaba, la había violado en un descampado a la salida de la escuela, pero el relato tiene muchas contradicciones. La madre denuncia y pide el aborto, su pareja ya estaba en la mira porque el hermano de la mujer ya había hecho una denuncia por maltratos en abril. La mujer también era maltratada, por lo que se fue a vivir con sus hijos a la casa de su madre. El juez Germán Ferrer se disculpa cuando le preguntan en la conferencia de prensa: "cuando la asistente social fue a constatar la situación, la niña ya estaba fuera de riesgo porque estaba viviendo con su abuela".

El 8 de agosto la mujer denuncia. Un mes y una semana después, el juez anuncia que no autoriza el pedido de aborto que para él "tuvo como finalidad por parte de la progenitora y el violador, ocultar la prueba del delito. No era el deseo de la niña...".

El juez elige a quien creerle para que los argumentos entren en su decisión ya decidida de antemano: la niña de 12 años que según él decidió ser madre, fue internada "en una situación de alto riesgo porque tiene bloqueados varios de sus sentimientos y emotividad, por una cuestión de defensa", como él mismo reconoce.

Después, para ayudar un poco a formar el "deseo de la niña", mientras el Comité ampliado de Bioética pensaba qué opinar, un grupo de antiabortistas entraba a la habitación y mostraba a la niña fotos con fetos muertos: "la puerta de su habitación se abrió y entraron dos mujeres. Le dijeron que estaba a punto de ser culpable de un asesinato y le mostraron fotos de la organización pro vida, a la que pertenecen, en donde se ven cruentas escenas contra fetos de embarazos avanzados". ("El fanatismo importado").

El Juez no puede menos que reconocer que esta bestialidad sucedió: "violaron el derecho de libertad, de intimidad de la niña y su familia", reconoce, y también que recibió "300 mensajes pidiéndome que no autorice el aborto y tratándome de asesino.. son fanáticos, fundamentalistas…" dijo.

Después de enojarse por todo esto, hizo lo que ellos le ordenaban.

Detrás la iglesia con sus cúpulas
y su historia hecha de santos a medida
y su colección de mártires
y su moral para uso de terceros
y su condenación eterna
en infiernos instalados en el más acá
y sus padres nuestros
y sus vírgenes invioladas
y sus candados puestos en el sexo
de los otros
y sus montañas de oro
y sus bancos ambrosianos
y sus bienaventuranzas a los pobres
que de ellos será el reino de la nada.

Hace unos días y resultado de la polémica que abrió este caso, volvió a aparecer en la legislatura nacional, un proyecto que intenta desjudicializar los casos de aborto que sí están aceptados por el Código Penal. El proyecto de ley es promovido por la diputada Nora Cesar: "sorpresivamente, desde el kirchnerismo se decidió promover una reforma del Código Penal para que quede bien claro que no son punibles los abortos cuando el embarazo proviene de "una relación sexual no consentida" en cualquier caso y no únicamente cuando se trata de una mujer con discapacidad mental" ("Un proyecto para evitar interpretaciones restrictivas"). El término "sorpresivamente" no parece casual: hace unos pocos días la ahora kirchnerista Graciela Ocaña había promovido esa interpretación restrictiva que ahora, esperemos que sea cierto, quiere evitarse. El caso refiere a otra niña, de 13 años en este caso, también de Mendoza, que quedó embarazada a raíz de sucesivos abusos sexuales por los cuales está acusado su padre biológico. La madre de la chica pidió la interrupción de la gestación, pero en el Hospital no quisieron: "este caso no trascendió a los medios hasta ahora. Para Ocaña, ese aborto no podía considerarse no punible porque la niña -como la que ahora está internada en el hospital pediátrico - no era discapacitada mental" ("Un derecho rechazado").

Habrá que ver qué sucede con este proyecto que seguramente sufrirá miles de trabas, mientras los abortos siguen como si tal cosa y las pobres se mueren y las menos pobres tienen algo más de suerte si pagan bien, porque como explica la gente de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto, "estar en contra del derecho al aborto, no es estar a favor de la vida, sino a favor del aborto clandestino".

Por lo pronto, lo que intenta el proyecto de ley presentado, es apenas una modificación aclaratoria del tan mentado artículo 86 del Código Penal, que permitiría incluir como no punible a los abortos en cualquier caso de violación y que permitiría extender el concepto del término salud incluido en la norma.

Sería ciertamente, un importante paso que merece ser dado, pero no sería suficiente: haría falta también que de una vez y para siempre, el Estado y la Justicia dejen de ser la larga mano de la iglesia que se le mete a las mujeres en el cuerpo.

Opiná sobre este tema